ÁREAS DE PRÁCTICA

Derecho Penal

Desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal en 1998, hemos aprovechado la experiencia acumulada en los veinte años anteriores de ejercicio profesional en la atención de litigios de carácter criminal. 

El proceso penal en Costa Rica se divide en cinco etapas. La primera es la de investigación en la cual el Ministerio Público recaba toda la prueba necesaria para determinar la configuración de un delito. La segunda etapa se desarrolla con la realización de la audiencia preliminar, en la cual el juez de la fase intermedia estudia el requerimiento del Ministerio Público y decide si hay suficientes elementos para que el caso se lleve a juicio, o se dicta un sobreseimiento. La tercera etapa es la del juicio oral y público, en la cual se evacua toda la prueba, las partes formulan sus alegatos finales y el tribunal dicta la sentencia. En la cuarta etapa se conocen los recursos interpuestos por las partes ante el Tribunal o la Sala de Casación, donde el proceso puede finalizar o ser devuelto al tribunal de juicio para realice el debate nuevamente. La última etapa es la de ejecución penal y civil, en la que se cumple la sanción y se ejecuta el fallo para cobrar la indemnización impuesta.

Por lo general las etapas críticas del proceso son la de investigación y la de juicio, y por ende son intensivas en horas de trabajo. La colaboración del cliente es vital para el éxito del caso, y consecuentemente los resultados son mejores si contamos con la asistencia del cliente al brindar oportunamente toda la información requerida.

Las primeras tres etapas de un proceso penal puede durar aproximadamente entre treinta y sesenta meses.

Contamos con los conocimientos y la práctica en la defensa y acusación privada de casos penales, en todas las fases procesales (investigación, intermedia, debate, casación y ejecución).

Nos especializamos en la atención de casos relativos a delitos empresariales (contra la propiedad, financieros, ambientales, tributarios, bursátiles, informáticos, contra la propiedad intelectual, societarios, arqueológicos, administraciones fraudulentas, fraudes de simulación estafas, fraudes inmobiliarios y demás conductas punibles atinentes a las actividades mercantiles e industriales), accidentes de tránsito (lesiones culposas y homicidios culposos), delitos contra el honor y todos aquellos asuntos que no contraríen la ética ciudadana y los derecho humanos.